Solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien pidió que la causa también se eleve contra otras 17 personas, todas acusadas por defraudación al Estado.
El líder del Partido Obrero, Eduardo Belliboni, podría ser llevado a juicio oral a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lo acusa de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión». La causa se enmarca en la investigación por presuntas irregularidades en el programa Potenciar Trabajo.
La solicitud del fiscal fue realizada a instancias del juez federal Sebastián Casanello, luego de que se diera por concluida una parte de la investigación en la que Belliboni y otros 17 imputados fueron procesados. Según la acusación, los implicados habrían extorsionado a beneficiarios de planes sociales para beneficio propio.
Eduardo Belliboni está acusado de extorsionar a beneficiarios de planes sociales
Tras el pedido, se dio lugar a las partes para que formulen su postura respecto al envío del caso a juicio oral, según informaron fuentes judiciales. El dictamen de Pollicita tiene 279 páginas.
Según la acusación, hasta febrero de 2024, el Polo Obrero administraba alrededor de 65 mil planes sociales, de los cuales se retenía una parte del dinero asignado por el Estado. De acuerdo con el dictamen fiscal, esta práctica permitió a la organización acumular grandes sumas de dinero, con una recaudación estimada en más de 313 millones de pesos entre agosto de 2023 y febrero de 2024.
La Fiscalía sostiene que Belliboni y otros 17 imputados, incluidos dos miembros de la organización Barrios de Pie, establecieron un sistema delictivo entre junio de 2020 y marzo de 2024. Según la investigación, el esquema se basaba en presionar y extorsionar a personas en situación de extrema vulnerabilidad social y económica.
Además, el Ministerio Público Fiscal argumenta que la estructura tenía como objetivo obtener ganancias ilícitas y consolidar su influencia. Para ello, habrían explotado la necesidad de los beneficiarios de planes sociales, sometiéndolos a amenazas e intimidaciones con el fin de que obedecieran bajo el temor de perder su única fuente de sustento.
Cómo inició la causa contra Eduardo Belliboni
Todo comenzó tras una denuncia del gobierno de Javier Milei, a fines de 2023. La misma fue impulsada por llamados anónimos que alertaban sobre presiones para participar en marchas y piquetes.
Para facilitar la triangulación de las denuncias, el Poder Ejecutivo puso en funcionamiento una línea telefónica del Ministerio de Seguridad, permitiendo a los ciudadanos reportar de forma anónima si miembros de organizaciones sociales eran forzados a participar en la movilización del 20 de diciembre, en conmemoración de los hechos ocurridos en 2001 durante la crisis que marcó la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.
A partir de los llamados, se detectó el desvío de fondos destinados a los beneficiarios, encubierto con facturación falsa. Belliboni y el resto de los acusados fueron citados a indagatoria y luego procesados por el juez Casanello. Con esto último, la causa ya estaba lista para ser enviada a juicio oral, decisión que finalmente tomó Pollicita en febrero del 2025.
Según pudo saber Infobae, el fiscal señaló: “Se comprobó que la organización instauró una especie de ´salario´ o ´contraprestación´ para beneficio de los propios imputados, que se nutría tanto de las ´cápitas´ extraídas extorsivamente a las víctimas como de fondos del Estado Nacional y hasta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires». Son montos de hasta 156 mil pesos actualizados a febrero del año pasado y, en el caso de Belliboni, 522.500 pesos en marzo de 2024.
