El diputado de Unión por la Patria Darío Martínez se abstuvo de votar el proyecto de resolución para la suspensión de la vicegobernadora y presidenta de la Legislatura de Neuquén, Gloria Ruiz, por considerar que el procedimiento establecido es inapropiado para este tipo de casos.
“Quiero expresar la firme convicción del bloque que presido de que todo acto sospechado en materia de disposición de fondos públicos, o toma de decisiones sobre los mismos, debe ser investigado por la justicia para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes, e incluso, por esta Legislatura, haciendo uso de sus atribuciones, cuando la situación lo amerite, y adoptando los extremos que prevé nuestra Constitución Provincial, aplicando para ello, con extrema rigidez y rigurosidad, los mecanismos que nuestra carta magna establece para ello”, dijo el legislador.
“No tenemos que dejarnos guiar por opiniones, sino por nuestras responsabilidades y competencias. Esta cámara no puede solucionar un hecho de corrupción incurriendo en una irregularidad, que pueda afectar la investigación formal, tampoco politizarlo”, manifestó.
Martínez remarcó que el pedido de suspensión de la vicegobernadora, de acuerdo a lo planteado el articulado de la resolución, no cumple con los procedimiento establecidos en la constitución provincial y calificó el procedimiento “cómo un antecedente muy peligroso”.
“La real oportunidad que tenemos para prevenir este tipo de casos es llamar a una sesión especial para tratar el proyecto de ley de ética pública, formación de una oficina anticorrupción y publicidad de los patromonios de todos los funcionarios de los tres poderes del estados. El control social es el más eficiente”, dijo.
“Esta legislatura tiene la posibilidad de una vez y para siempre de establecer herramientas de control y sanción a la corrupción en la política, y de mirar a la cara a cada neuquino y decirle que hay un mecanismo de transparencia”, agregó Martínez y remarcó que lo mejor que puede hacer un diputado es darle la posibilidad a cada vecino de conocer el patrinomio de cada funcionarrio y la evolución del mismo.
El legislador justicialista resaltó que la remoción o destitución de un gobernador o vicegobernadora tiene una gravedad institucional extrema, de la más alta magnitud, por lo que deben respertarse los procedimientos estipulados en la constitución y proceder como corresponde.
“La institucionalidad y la confianza de los neuquinos ya está afectada, no podemos profundizarla al acelerar los pasos o tomar caminos que no nos corresponden. El mecanismo previsto en la Constitución para que la Legislatura adopte una decisión de tamaña magnitud, incluye la necesidad de una denuncia específica, y la conformación de dos salas sorteadas entre los miembros de la cámara, una que cumpla la función de investigar y en su caso, acusar, y la otra, que tenga a su cargo el proceso de juzgamiento, con aplicación del Código de Procedimiento Penal de la Provincia”, explicó Martínez.
En ese sentido, el diputado justicialista dijo que el proyecto de resolución que esta en tratamiento prevé un camino diferente. “La Legislatura estaría estableciendo un procedimiento de reglamentación del Artículo 189 inciso 25, exclusivamente para evaluar las conductas y actos de la actual vicegobernadora. Es decir, un mecanismo procesal con nombre y apellido, que, concluido, desaparecería. No tendría la necesaria característica de universalidad que requiere la doctrina. Generaríamos un mecanismo que empieza y termina con esta vicegobernadora, ¿y después?”, indicó.
Martínez enfantizó la idea de que la inexistencia de denuncia impide el ejercicio pleno de defensa de la acusada, ya que no tiene materia sobre la cual defenderse, y a su vez la inexistencia de denuncia material y específica, haría que la comisión que crea este proyecto de resolución no tenga objeto alguno.
“Si por el contrario, se toma como denuncia los fundamentos de este proyecto de resolución, estos estarían claramente prejuzgando, y de tal manera, no podrían integrar comisión o sala alguna, ni investigadora, ni acusadora, ni mucho menos participar en la emisión de un juicio final”, agregó.
Martínez sostuvo que es importante tomar medidas para que se investigue, pero también que se sancione una ley de ética pública para evitar caer en cuestiones momentáneas “a disposición de la política”.
“Sin una ley de ética pública dejamos a los neuquinos sin un instrumento de control y seguimiento sobre sus funcionarios. Entiendo la gravedad si es esto es verdad y aquellos a los que les corresponde juzgar deben hacerlo con toda la firmeza, pero también entiendo que este hecho abre una oportunidad para hacer las cosas como corresponde, es decir respetar los mecanismos existentes que mencioné, pero también para tener en Neuquén esta ley de ética pública que este del lado de los neuquinos y que deje de una vez y para siempre herramientas de control y sanción a la corrupción en la política”, concluyó el diputado peronista.