En una movida que busca «transformar el entramado económico del país», el gobierno de Javier Milei ha anunciado la desregulación del comercio y la eliminación de 43 normativas vinculadas al control de precios. Esta acción, pulverizadora de las antiguas estructuras estatales que regulaban los precios y se «entrometían» en los mercados, ha sido encabezada por el Ministerio de Economía y su titular Luis Caputo.
Según declaraciones del gobierno, con esta nueva normativa se busca allanar el camino para un gigantesco paso hacia el mercado libre, reforzando la transparencia y eficiencia en todos los niveles. La Resolución 1212/2024, que se publica en el Boletín Oficial, es el motor de este «cambio estructural».
Los argumentos oficiales resaltan la importancia de reducir la burocracia y eliminar costos innecesarios que afectan tanto a productores como a consumidores. Esta medida coincide con un fuerte avance hacia la reducción de cargas impuestas en años anteriores abriendo, según el gobierno, una nueva era de eficiencia y transparencia.
Estas nuevas reglas forman parte de una serie consistente de derogaciones tras haberse identificado diversas regulaciones que se consideraban obsoletas y que habrían llevado, según los informes oficiales, a un gasto excesivo de recursos. Las regulaciones removidas también incluían la cancelación de programas Directivos para varias cadenas productivas que presentaban una sobrecarga administrativa y financista.
Las medidas se suman a ya más de las 107 derogaciones previamente anunciadas por el Ministerio de Economía, que apuntan a un movimiento macro hacia la desregularización, eliminando normativas considerablemente restrictivas de licencias y permisos que complicaban el comercio exterior del país. Además, programas ya desalojados incluyen el famoso «Precios Cuidados».
Mientras que los mercados y algunos sectores productivos celebran estas reformas profundas, otros visualizan con reserva el impacto en los precios y la equidad del sistema económico nacional.