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Política

El gobierno de Javier Milei decide suspender las jubilaciones de privilegio de Cristina Kirchner

El Gobierno Nacional resolvió revocar la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Cámara de Casación Penal ratificara su condena en la «Causa Vialidad» por actos de corrupción. La decisión fue anunciada este jueves 14 de noviembre en una conferencia de prensa por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también detalló la anulación de la pensión que la exmandataria percibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

«Por directiva del presidente Javier Milei y en el marco de las acciones del Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, se ha dispuesto la suspensión tanto de la asignación personal de la ex presidenta como de la pensión que recibía en calidad de esposa del ex presidente Néstor Kirchner», explicó Adorni.

“El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo«, agregó al argumentar el motivo de la decisión de la Administración libertaria.

En ese sentido, Adorni sostuvo que la titular del Partido Justicialista (PJ) Nacional fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos «como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”.

Además, el funcionario nacional detalló que al dar de baja estos haberes que percibía la exjefa de Estado, “significa para los argentinos un ahorro de unos 21.827.624 pesos” por mes.

En otro segmento de la conferencia, Manuel Adorni, vocero presidencial, señaló que «la jubilación para exmandatarios es un privilegio que no debería existir en Argentina», un concepto que ya había sido expresado por el presidente Javier Milei en varias ocasiones. «Mucho menos debería existir cuando quien la recibe está condenada por defraudar a los argentinos, que vieron cómo sus esperanzas se desvanecían a manos de la corrupción política», añadió Adorni.

El portavoz también dejó claro que «durante la gestión del presidente Milei, el Estado no destinará fondos a ninguna persona condenada por corrupción que haya mancillado el honor y la dignidad del pueblo argentino», y concluyó su intervención desde Casa Rosada.

Tras la rueda de prensa, Adorni recurrió a su cuenta en la red social X para aclarar: «Algunos preguntan si la asignación de privilegio de otras personas en situaciones similares también será suspendida. La respuesta es obvia: por supuesto. Fin».

Este comentario generó rápidamente especulaciones sobre el caso de Amado Boudou, exvicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, quien en 2020 vio confirmada su condena por la Corte Suprema a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa de la ex imprenta Ciccone Calcográfica.

Respecto a las jubilaciones: comunicado del Ministerio de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano, en un comunicado, se refirió a la confirmación de la condena de la expresidenta por parte de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.

El ministerio señaló que «resulta inadmisible que siga percibiendo asignaciones de privilegio otorgadas de manera excepcional y extraordinaria por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial». En este contexto, el comunicado subraya que la baja de la jubilación de CFK no constituye una sanción accesoria a su condena penal, sino «una consecuencia necesaria por la indignidad que implica haber sido considerada penalmente responsable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».

Finalmente, el Ministerio de Capital Humano concluyó: «Un elemental respeto por la coherencia en la gestión del gobierno y por las consecuencias que deben tener los delitos que atentan contra el sistema democrático (art. 36 CN) por parte de quienes estuvieron a cargo de la administración del país justifica plenamente la medida adoptada».

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