La lista incluye 62 empresas con participación mayoritaria del Estado y 59 de participación minoritaria, en un proceso que busca canjear activos por deudas.
El Gobierno argentino ha identificado 129 empresas con participación estatal que podrían pasar al sector privado en un intento por aliviar deudas con las provincias.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encabezada por Diego Chaher, evalúa la transferencia de 62 empresas con control mayoritario, 59 en las que mantiene participación minoritaria, y 8 actualmente en liquidación.
Este plan va más allá de una simple desinversión: la estrategia implica intercambiar activos estatales por deuda, como parte de una propuesta para ordenar las finanzas entre Nación y provincias.
Según Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, la intención es “ordenar las cuentas”, reflejando un enfoque pragmático en la renegociación del equilibrio financiero.
Entre las compañías más relevantes que se encuentran bajo estudio se incluyen Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Administración General de Puertos, varias empresas de ferrocarriles, ARSAT, ENARSA, entre otras.
Las autoridades están considerando seis mecanismos para llevar a cabo este proceso, que abarcan desde la oferta pública inicial y concesiones hasta la cesión de activos a las provincias.
El Gobierno de Javier Milei pretende que la mayoría de estas empresas pasen a manos privadas, argumentando que esto ayudará a cerrar «una fuente de ingresos de los políticos corruptos» y a evitar que empresas deficitarias permanezcan en el sector público. Sin embargo, la necesidad de sanear las cuentas públicas también exigirá un enfoque flexible en las negociaciones con las provincias, para resolver pasivos y deudas.
